Ley de lucha contra el fraude

Por fín se han desvelado las dudas y el Gobierno ha puesto en marcha el proyecto de ley de lucha contra el fraude que entra en vigor el 31 de octubre de 2012 y que introduce medidas tan contudentes como la prohibición de realizar operaciones en efectivo por importes superiores a 2.500 euros. Esto obligará a algunos empresarios o autónomos que no dispongan de un terminal TPV a solicitarlo o bien a utilizar servicios de transferencia bancaria (o para los valientes, aceptar cheques o pagarés), si bien creemos que la eficacia de esta medida está limitada por el hecho de que quien tenga intención de defraudar lo puede seguir haciendo tranquilamente con la única precaución de no emitir factura (y por lo tanto, no repecutir el IVA).

Por desgracia, cuanto mayor es el fraude en un sistema, más esperpénticas son las medidas para luchar contra el mismo (entorpeciendo por tanto la actividad económica), y frecuentemente ocurre además que el objetivo perseguido, es decir, la reducción del fraude, no se consigue. Un ejemplo clásico es el de Italia, donde un ciudadano puede ser multado por salir de un bar sin el ticket de caja que comprueba la transacción realizada (haber pagado 80 céntimos por un café) y sin embargo la economía sumergida ronda el 25% según algunas estimaciones.

Las soluciones al fraude fiscal son complejas y nunca vienen de la mano de una situación angustiosa como la actual, ya que requieren un largo tiempo para lograr cambios efectivos. La lucha debe venir por un lado, por la certeza del control y la inspección (si la haces, la pagas) y por otro, por la educación cívica. En España, ninguna de estas dos medidas parecen estar cercanas. La anmistía fiscal no contribuye precisamente a crear esa certeza del control y la inspección, sino más bien al contrario (tu defrauda, que luego veremos) y por otro lado, seguimos considerando a los pagan pocos impuestos como ejemplos válidos a seguir.

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